Si eres como yo, seguro que cada día ves en tu feed de Instagram y en los medios de comunicación noticias constantes sobre las manifestaciones que se celebran en Israel y que reúnen a decenas de miles de personas cada semana, pero ¿en qué consisten estas reformas y por qué generan tanta polarización? Aunque se trata de un tema difícil de entender y que suscita mucha controversia, es innegable que ambas partes tienen argumentos válidos y que ambas merecen el derecho a que se escuche su voz.

Para empezar, es necesario conocer algunos antecedentes. Aunque actualmente es una democracia, la democracia israelí difiere enormemente de la de prácticamente cualquier otra democracia occidental del mundo. Para empezar, Israel no cuenta con una constitución, sino que se rige por un conjunto de leyes semiconstitucionales recogidas en las Leyes Fundamentales del Estado. Estas leyes pueden modificarse en cualquier momento por mayoría simple en la Knesset, lo que hace que la sustitución constitucional sea flexible como en ningún otro país. Además, Israel solo cuenta con un único órgano legislativo, con una separación mínima entre los poderes legislativo y ejecutivo. Esto significa que el único control y equilibrio sobre el poder del Knesset recae en el poder judicial. Esto otorga al poder judicial una cantidad significativa de poder, que se vio aún más incrementada por Aharon Barak durante su mandato como presidente del Tribunal Supremo de Israel. Casi todo el mundo en Israel está de acuerdo en que es necesaria algún tipo de reforma judicial, pero las reformas propuestas por la coalición de Netanyahu han resultado ser muy controvertidas. Las reformas de Netanyahu, Levin y Rothman tienen como objetivo fortalecer el poder ejecutivo a expensas del poder judicial, lo que se llevará a cabo mediante tres cambios principales en el funcionamiento de los tribunales. Las reformas pretenden cambiar la forma en que se nombran los jueces del comité judicial, eliminar la consideración de la razonabilidad e introducir una nueva cláusula de anulación, lo que, en esencia, otorga más poder a la coalición gobernante.

Aunque casi todos los miembros de la sociedad israelí reconocen la necesidad de una reforma judicial, ha surgido una fuerte oposición a la forma en que el Gobierno de Netanyahu está llevando a cabo este proceso. La mayoría de los detractores de la reforma sostienen que las medidas propuestas no son la forma adecuada de cambiar el sistema judicial y afirman que el Gobierno está impulsando esta reforma con demasiada precipitación. A muchos les preocupan también las repercusiones que la aprobación de estas reformas podría tener sobre los derechos de las minorías en Israel, en concreto las mujeres. Tal y como están las cosas, si se aprueba la reforma propuesta, es más que probable que la coalición apruebe una ley que prohíba a las mujeres llevar ropa inmodesta en el Kotel, convirtiéndolo en un delito punible, además de criminalizar las acciones de las organizaciones feministas en el Muro de las Lamentaciones. Además, los opositores a la reforma consideran que estas medidas son perjudiciales para la seguridad de Israel, con repercusiones directas en las FDI que ya se observan en la actualidad. Por otra parte, también se cree comúnmente que estas reformas son consecuencia directa del juicio por corrupción contra Netanyahu y un intento del propio Netanyahu de librarse de todos los cargos. En general, los críticos de la reforma se muestran muy escépticos sobre las posibles repercusiones en la sociedad israelí.

Por otro lado, estas reformas también han contado con un fuerte apoyo en todo Israel. Muchos partidarios de la reforma consideran que el Tribunal Supremo tiene demasiado poder y que estas reformas equilibrarán el poder entre los distintos poderes del Estado. Consideran que la coalición de gobierno elegida debería ser la única facultada para tomar decisiones sobre las leyes del país. Muchos creen que Aharon Barak amplió ilegalmente la jurisdicción del poder judicial, y que esta reforma solucionará estos problemas y devolverá los poderes del Tribunal Supremo a lo que eran a principios de la década de 1990. Además, muchos israelíes de derecha y conservadores consideran que el poder judicial ya no representa sus creencias y opiniones, y que está impulsando una agenda liberal. Creen que, al aplicar estas reformas, el sistema israelí se parecerá más al de otras democracias occidentales.

En general, es evidente que ambas partes del debate sobre las reformas tienen argumentos válidos para defender sus opiniones, pero, en realidad, la única forma de mantener la democracia en Israel es que ambas partes lleguen a un acuerdo. El dinamismo de Israel dificulta la unión de sectores de la sociedad muy diversos, lo que da lugar a debates en constante evolución; sin embargo, este debate ofrece una oportunidad crucial para que los israelíes se unan y alcancen un acuerdo con el fin de construir una identidad nacional basada en la democracia.