¿Alguna vez has comparado precios en el pasillo de los desodorantes y has notado una diferencia de precio entre algunos productos? Puede que estés siendo testigo de cómo funciona el «impuesto rosa».

El «impuesto rosa» no es realmente un impuesto, sino más bien una tendencia según la cual los productos dirigidos a las mujeres cuestan más que los dirigidos a los hombres. Por lo general, estos productos «femeninos» tienen un color o un envase rosa, lo que da nombre a esta tendencia. El «impuesto rosa», aunque es muy común en nuestra sociedad, resulta perjudicial porque carece de fundamento real y, a largo plazo, va en detrimento de las mujeres. 

Para explicar por qué el «impuesto rosa» carece de fundamento real, hay que analizar sus causas. El primer estudio sobre el «impuesto rosa» se remonta a la década de los noventa. Un informe de 1994 de la Oficina de la Asamblea de California reveló que el 64 % de las tiendas de varias ciudades importantes cobraban más por planchar una blusa de mujer que una camisa de hombre. Estas tiendas no dieron ninguna razón para hacerlo. 

Se han barajado muchas causas para explicar el «impuesto rosa», entre ellas la elasticidad de los precios y la creencia de que las mujeres están dispuestas a pagar más por los productos que los hombres. Sin embargo, la verdadera razón es que las empresas pueden cobrar más a las mujeres y salirse completamente con la suya. 

El «impuesto rosa» es un círculo vicioso. Las mujeres se ven obligadas a comprar artículos con precios inflados debido a la escasa oferta alternativa. Las empresas que se benefician de estos precios obtienen unos beneficios considerablemente mayores. Dada la escasa regulación que las controla, ¿por qué iban a dejar de hacerlo?

Además, los recargos de la «impuesto rosa» suponen un perjuicio económico a largo plazo para las mujeres. Según un estudio realizado en 2015 por el Departamento de Asuntos Humanos de la ciudad de Nueva York, los productos dirigidos a las mujeres cuestan, de media, un 7 % más que los dirigidos a los hombres. 

Además, según Forbes, las mujeres pueden llegar a pagar hasta 1.300 dólares más que los hombres a lo largo de un año. Estas diferencias de precio no son ninguna broma: suponen un déficit de 52.000 dólares en un periodo de 40 años, sin tener en cuenta la inflación. 

Entre los artículos más afectados por el «impuesto rosa» se encuentran los productos infantiles, con un margen de beneficio del 7 %; la ropa para adultos, con un 8 %; y los productos de cuidado personal, que registran el margen más elevado, con un 13 %, según un estudio del Departamento de Asuntos del Consumidor de Nueva York. Dado que las mujeres siguen ganando 82 céntimos por cada dólar que gana un hombre, y que las mujeres de color se enfrentan a desigualdades salariales aún más graves, las pérdidas económicas son mucho mayores de lo que sugieren los datos. Es hora de poner fin a esta práctica que ha perjudicado a las mujeres durante años. 

Hay quien sostiene que la diferenciación de productos es el factor principal que explica las diferencias de precio entre los artículos para hombre y para mujer. Argumentan que algunos productos pueden costar más debido al coste que supone modificarlos ligeramente. Por ejemplo, un juguete rosa puede costar más que uno rojo porque es más caro pintarlo de rosa que de rojo. Es de suponer que las diferencias en la demanda de juguetes rosas frente a los rojos también pueden explicar esta diferencia. 

Sin embargo, no hay pruebas que indiquen, por ejemplo, que la pintura rosa sea más cara que la roja o la azul, lo que generaría diferencias de precio en los artículos de colores dirigidos a distintos géneros. 

Sin una base sólida, ¿qué futuro le espera al «impuesto rosa»? Algunos miembros del Congreso están tratando de tomar una postura al respecto. La diputada Jackie Speier (CA-14), copresidenta del Grupo de Mujeres Demócratas, ha estado al frente de ese movimiento. 

Spier ha intentado presentar varias leyes para la derogación del «impuesto rosa», la primera en 2018 y, más recientemente, en 2021. Su legislación habría prohibido la venta de bienes o servicios sustancialmente similares a los que se les aplica un precio diferente en función del género, habría permitido a la Comisión Federal de Comercio sancionar las infracciones y habría garantizado que el fiscal general del Estado tuviera la autoridad para emprender acciones civiles en nombre de los consumidores perjudicados por prácticas discriminatorias. Sin embargo, ninguna de ellas ha tenido mucho éxito en el Congreso. 

Para erradicarla por completo, Estados Unidos necesitará una reforma profunda del sector empresarial y manufacturero. Una cosa es segura: nos queda un largo camino por recorrer.